Religión vs. Derechos: La batalla oculta detrás de la despenalización del aborto en Querétaro
La activista denunció con firmeza que la iniciativa en cuestión representa un grave riesgo para la laicidad del Estado, una simulación de participación ciudadana y, sobre todo, una manipulación de menores de edad con fines políticos. En su intervención, subrayó que los intereses religiosos no pueden —ni deben— dictar el rumbo de las decisiones legislativas, pues las leyes deben construirse desde el debate racional y el respeto a los derechos humanos, no desde dogmas inamovibles. “No se trata de prohibir creencias”, aclaró, “sino de garantizar que las políticas públicas se diseñen bajo principios de laicidad y equidad, como siempre hemos defendido”.
Su crítica más contundente apuntó hacia lo que consideró una injerencia organizada de grupos religiosos en el ámbito legislativo. “Cuando una estructura parroquial moviliza a sus feligreses para inundar el Congreso con cartas y presionar votaciones, ya no hablamos de libertad de expresión individual”, advirtió. “Estamos ante una estrategia coordinada para imponer una agenda particular, algo que choca frontalmente con la separación entre Iglesia y Estado”. La activista insistió en que este tipo de acciones distorsionan el proceso democrático, pues convierten espacios de deliberación pública en escenarios de presión grupal, donde el peso de las instituciones religiosas se impone sobre el interés colectivo.
Pero el punto que generó mayor indignación fue el uso de menores de edad en esta campaña. “Es inaceptable que se instrumentalice a niños y adolescentes para firmar cartas que respalden una postura política o religiosa”, afirmó con vehemencia. “Esto no solo vulnera su derecho a una infancia libre de manipulación, sino que atenta contra el principio del interés superior de la niñez, que debería ser prioridad absoluta en cualquier decisión pública”. Según su análisis, involucrar a menores en este tipo de acciones los expone a dinámicas de presión social y los convierte en herramientas de un discurso que ni siquiera comprenden plenamente. “No podemos permitir que se normalice el uso de infantes como moneda de cambio en disputas ideológicas”, sentenció.
La activista cerró su intervención con un llamado a la reflexión sobre el tipo de democracia que se quiere construir. “Un Estado laico no es aquel que ignora las creencias de sus ciudadanos, sino uno que garantiza que ninguna de ellas se imponga sobre las demás”, explicó. “Cuando las decisiones legislativas se toman bajo la sombra de la presión clerical, se debilitan las instituciones y se socava la confianza en el sistema”. Su mensaje fue claro: la defensa de la laicidad no es un capricho ideológico, sino una condición indispensable para proteger los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables.
